En el sur de Quito, la escasez de agua ha desencadenado una crisis humanitaria que afecta a más de 400.000 personas. La situación, considerada la más grave de las últimas dos décadas, se originó tras un deslizamiento de tierra en el páramo del Antisana, que dañó gravemente la infraestructura de distribución del recurso. Este evento natural ha dejado a seis zonas de la ciudad sin acceso regular a agua potable, obligando a los residentes a sobrevivir con repartos esporádicos y a recurrir a fuentes no potabilizadas.
Aunque las autoridades locales y nacionales discuten sobre sus obligaciones, los ciudadanos se encuentran ante una situación caracterizada por extensas colas, contenedores improvisados y una creciente incerteza acerca de cuándo se restablecerá la normalidad.
Sobrellevando la falta de agua: la rutina diaria en Chillogallo
En el sector de Chillogallo, ubicado al sur de la ciudad de Quito, la espera por el agua ha pasado a ser una costumbre diaria. Inés Castro, de 74 años, se sienta en la acera con un balde vacío aguardando la llegada de un camión cisterna, comúnmente llamados tanqueros. Al igual que ella, muchos residentes se acercan con botellas, cazuelas e incluso cubos de basura para intentar obtener el preciado líquido.
Muchos de los afectados son adultos mayores que no tienen la fuerza para trasladar el agua hasta sus hogares. “Estamos aquí en este frío desde la mañana, con hambre. No tenemos agua ni para bañarnos”, relata Erselinda Guilca, una jubilada visiblemente cansada. Las condiciones de espera, combinadas con la falta de certeza sobre la hora de llegada de los tanqueros, han exacerbado el malestar de la población.
Acciones inadecuadas y manifestaciones de la ciudadanía
El Municipio de Quito ha desplegado 71 tanqueros, cinco hidrantes móviles y varios puntos fijos de distribución, pero estos recursos no han sido suficientes para cubrir la demanda. La distribución irregular y la escasa capacidad logística han provocado protestas en diferentes barrios. En Nueva Aurora, vecinos desesperados se han volcado a una vertiente natural no potabilizada para abastecerse, exponiéndose a riesgos sanitarios.
Dado que no hay vehículos apropiados, ciertos ciudadanos optan por rentar carretillas, vehículos improvisados o incluso usan bolsas de basura para transportar el agua. Tomás Chiguano, un albañil impactado por la crisis, menciona que su labor también ha sido detenida, ya que no hay agua para combinar materiales esenciales como cemento y arena.
Gastos extra en un contexto de escasez
El impacto económico también ha sido una constante. Los residentes denuncian que deben pagar entre 2 y 5 dólares por transporte para poder acceder a los puntos de distribución. María Tipán, habitante de la zona, realiza hasta ocho viajes diarios para abastecerse. “No tenemos ni para lavar la ropita. Tengo nietitos que ensucian. Está saliendo muy cara el agua y nos cobrarán la plantilla completa de agua”, se lamenta.
Este costo extra golpea especialmente a las familias de bajos recursos, que deben elegir entre destinar dinero al agua o a otras necesidades básicas como alimentos y medicamentos.
Declaraciones oficiales y conflictos institucionales
El manejo de la crisis ha expuesto importantes divisiones entre las autoridades locales y las nacionales. Mientras el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, asegura que más de 500 individuos están laborando en el área afectada para reanudar el servicio, el Gobierno central ha criticado la carencia de coordinación y claridad en la respuesta de la administración municipal.
La vicepresidenta del país, María José Pinto, fue asignada para supervisar la ayuda en las áreas dañadas. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) informó sobre la ubicación de plantas móviles para purificar agua en diversos lugares estratégicos, con el respaldo de la Cruz Roja. No obstante, la ministra de Energía y líder del COE, Inés Manzano, criticó al Municipio por no ofrecer un plan de acción técnico ni mantener una comunicación adecuada.
El alcalde Muñoz, por otro lado, expresó su preocupación por la falta de representantes del Gobierno nacional en el Puesto de Mando Unificado y solicitó un aumento en la colaboración institucional para resolver la crisis.
Ruta hacia la mejoría
A pesar de que las autoridades tienen la intención de reanudar el servicio de manera parcial en los días venideros, el daño en la infraestructura de la tubería principal ha causado un retraso en las tareas de reparación. De acuerdo con el Municipio, ya se ha eliminado el 77% del material terrestre acumulado en el área del derrumbe, lo cual facilitaría el inicio de las pruebas operativas de la red próximamente.
Mientras tanto, unidades de emergencia de otros cantones y provincias han comenzado a sumarse a las tareas de distribución. La Asociación de Municipalidades del Ecuador ha coordinado el envío de más tanqueros para apoyar en la atención a los barrios más afectados.
La emergencia en Quito pone en evidencia no solo la vulnerabilidad de la infraestructura hídrica ante fenómenos naturales, sino también la necesidad de contar con una planificación conjunta, eficiente y solidaria entre niveles de gobierno. La población, por su parte, continúa resistiendo y adaptándose, mientras espera que el agua vuelva a fluir con normalidad.
