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La Operación Investigación Fiscal Influencers, el caso que planteé en noviembre tras la dimisión de António Costa como primer ministro de Portugal, ha vuelto a ser cuestionado por los jueces. El Tribunal de Relaçao de Lisboa, segunda instancia judicial antes de haber interpuesto recursos contra los detenidos, desmanteló toda la arquitectura plantada por la Fiscalía para iniciar una espectacular operación que se llevó el pasado 7 de noviembre a cinco detenidos y 42 registros, incluida la residencia oficial de el Primer Ministro en São Bento. Con todo, el mayor impacto de la Operación Influencers fue víctima de un Gobierno que mantuvo la alcaldía absoluta y del final repentino de una legislatura que estaba a mitad de camino porque el Presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, decidió que la única salida a la crisis estaba destruida por la dimisión del primer ministro. ministro fue la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas.
En una resolución de 366 páginas, los magistrados expresaron numerosas críticas al trabajo de los funcionarios tributarios que, en algunas ocasiones, se consideraron «incompetentes». Considerando que hasta los interrogatorios a los cinco detenidos en noviembre no había pistas sobre los delitos observados en el sector tributario: tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y corrupción y minimizando los registros telefónicos como prueba. “Es probable que esas frases hayan sido dichas y que hayan sido pronunciadas por las personas identificadas en las transcripciones. Pero no, hijo, hechos. Son de prueba media. Y la sucesión de conclusiones e informes que el Ministerio Público extra de ella no son ni una cosa ni otra”, explica.
“El único elemento concreto destacado por el primer ministro fue su asistencia a un acto de presentación del proyecto. [del centro de datos en Sines de la empresa Start Campus] el 23 de abril de 2021″, informe de los juegos en la resolución difundida por el diario Público. «¿Una relación de amistad con un miembro del Gobierno, también pública y reiterada por ambos protagonistas, tiene que estar ligada a la conclusión de ese foco de tráfico de influencias, corrupción activa o pasiva o prevaricación?», se preguntan los magistrados. La relación es estrecha desde la época de los estudiantes de Derecho entre António Costa y Diogo Lacerda Machado, que trabajaba en Start Campus en el momento de la detención, alimentando, por honorarios, sospechas de irregularidades en la planificación de este proyecto.
El 7 de noviembre fueron detenidos el jefe del gabinete del primer ministro, Vítor Escária, uno de los mejores amigos de António Costa, el abad y concejal Diogo Lacerda Machado, el presidente de la Cámara Municipal de Sines, Nuno Mascarenhas, y los administradores de la empresa. Start Campus, que promovió un gigantesco centro de datos en Sines. Además, en un comunicado, la Fiscalía anunció que el Tribunal Supremo había abierto una investigación para esclarecer el papel de António Costa en la aprobación de los proyectos empresariales que estaban bajo speccha. No acusé al Primer Ministro de nada concreto, pero señalé que su nombre había sido mencionado en varias conversaciones telefónicas con prisioneros y que esto era necesario aclararlo. Nada más saberlo, Costa presentó su dimisión como primer ministro para «preservar la dignidad de las instituciones democráticas». «Estoy tranquilo con el juicio de mi mente, no tengo conocimiento de actos ilícitos, incluida la censura», dijo al anunciar su renuncia.
La Fiscalía Mantuvo detuvo durante una semana a los cinco principales imputados, que quedarán en libertad debido a la decisión del juego educativo de Nuno Dias Costa de no considerarlos sospechosos de corrupción o prevaricación -sólo por indicios de tráfico de influencias-. El Ministerio Público, que reiteró esta resolución del juez ante el Tribunal de Relaciones, también impuso prisión preventiva al ex jefe de gabinete del primer ministro, António Costa, y al abad Diogo Lacerda Machado, considerándolos piezas claves en diversos casos de corrupción, tráfico de influencias y abuso en proyectos corporativos vinculados a la explotación de litio y la construcción del centro de datos de Sines.
Ahora, la nueva resolución endurecerá aún más el trabajo fiscal al retirar las últimas medidas cautelares atribuidas a Lacerda Machado y Escaria, quienes ahora podrán salir del país. También retira el préstamo de 150.000 euros que le debía al abogado. Asimismo, planteó que la ficha del exministro de Infraestructuras y exsecretario de Estado de Energía, João Galamba, no fue detenida pero sí imputada por los agentes fiscales de la Operación Influencersestá vinculado a su deseo de impulsar el proyecto Start Campus en Sines.
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Después de haber divulgado la resolución del tribunal de Lisboa, el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, comentó que «empieza a ser más probable que haya un portugués en el Consejo Europeo del próximo en Bruselas». El adelanto electoral decidido por el Rebelde de Sousa ha desestabilizado una situación de inestabilidad política, ya que el nuevo Gobierno conserva fuerza parlamentaria suficiente para sacrificar sus iniciativas en soledad. Los cómicos del pasado 10 de marzo también provocaron el repentino espectáculo de Chega, el partido ultraizquierdista, que obtuvo más de un millón de votos y se convirtió en una fuerza de gran peso en la Asamblea de la República con 50 diputados.
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